Terminales Punto de Venta en changarros motivan ilegalidad

El hecho de que un artesano, estilista, taxista, mecánico o comerciante en general cobre sus servicios o la venta de sus productos con tarjetas de crédito o débito a través de su smartphone abona a la inclusión financiera, pero también abre una ventana a la evasión de impuestos y la informalidad, advierten especialistas.

Este fenómeno se debe a la falta de una regulación más estricta en el procedimiento y no a la ausencia de fiscalización por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), consideran.

Los llamados agregadores de pagos, que ofrecen las Terminales Punto de Venta (TPV) con la ayuda de un teléfono móvil, permiten a los pequeños negocios incrementar sus ventas hasta 30 por ciento, además de que ayudan a sumar a más personas al sector financiero, comentó Sergio Ríos, director comercial de Sr. Pago, una de las empresas más grandes del sector, que tiene cinco en el mercado.

En México operan 45 empresas como agregadores de pagos, entre ellas Clip e iZettle, las cuales cobran comisiones por operación que van de 3.6 a 12 por ciento, más IVA, dependiendo si la compra se realiza en una sola exhibición o hasta en 12 meses sin intereses.

De acuerdo con Adrián García, analista de Ingresos e Impuestos para el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en un primer momento, esta herramienta tecnológica da oportunidad a la evasión fiscal, ya que para obtener los beneficios que ofrece no es necesario darse de alta ante Hacienda y, por ende, no contar con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

No obstante, a largo plazo puede traer “importantes resultados” para la recaudación de impuestos, ya que al haber registro de los ingresos de cada persona, el SAT tarde o temprano terminará por Fiscalizar.

Para Alejandro Arzate, vocero de la Comisión de Desarrollo Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, es cierto que esta herramienta deja un espacio para no pagar impuestos, pero afirma que la ley es clara en el sentido de que se debe cumplir con el fisco, independientemente de la forma en cómo se obtengan los recursos.

Por el lado del consumidor, la desventaja de estos esquemas de pago es que, al no haber registro del RFC por parte del comerciante, es prácticamente imposible obtener una factura de compra, señala García.

Pese a ello, el presidente del IMEF, Fernando López Macari, pide no satanizar a estas empresas, pues finalmente ellas cumplen con su pago de impuestos, donde está la potencial falla, es en la regulación, pero la puesta en marcha de las leyes secundarias de la Ley Fintech combatirá ese tipo de fenómenos, consideró.

Por su parte, Jesús Arciniega, investigador de la UNAM, refiere que el uso de estas plataformas tecnológicas incentiva también la informalidad, porque sin necesidad de estar en el radar del SAT de forma directa, puedes tener los beneficios de abrir tu mercado y crecer tus ventas.

El Heraldo

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