12 FEB, 2018

Una de las prioridades de Fernando López Macari, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas es la Agenda 2018-2024 que quieren presentar a todos los candidatos a la Presidencia de la República con un análisis sobre los obstáculos que han impedido un mayor crecimiento económico en México, y propuestas concretas para lograr la meta de un crecer en forma sostenida.

Entre los obstáculos menciona la corrupción; el Estado de derecho y la inseguridad; necesidad de incorporar nuevas tecnologías y falta de competitividad.

Los coordinadores de la elaboración de esta Agenda en la que participan los 16 Comités Técnicos del IMEF son Francisco Gutiérrez Zamora, quien es el presidente del Consejo Técnico 2018 y Nora Morales, la secretaria del Consejo.

Se han creado ya, explica López Macari, cinco mesas de trabajo: la económica que coordina Gabriel Casillas, economista en jefe de Grupo Financiero Banorte; fiscal, coordinada por Carlos Naime del despacho Chevez, Ruiz, Zamarripa; Relaciones bilaterales, que coordina Antonio Ortiz Mena de Albright Stonebridge Group; Competitividad por Carlos Amtmann de Voordeel & Concurrende; y Anticorrupción coordinada por Fernanda Zenizo de Accupeople Inteligencia Laboral.

En en el IMEF están también preocupados por la falta de respuesta ante la reforma fiscal de Donald Trump; la incertidumbre sobre la negociación del TLCAN; y los nuevos riesgos geopóliticos.

López Macari afirma que México ha privilegiado los tiempos políticos sobre los económicos y es necesario un análisis sobre el impacto que tendrá la reforma fiscal de Estados Unidos, que tiene que ser enfrentada con una reforma en México, que aumente la base de contribuyentes y grave IVA a medicinas y alimentos, excluyendo, una canasta de alimentos básicos y de medicinas para no afectar a las familias de menores ingresos.

Reconoce que esta reforma en el actual proceso electoral no podría avanzar, pero propone que la Secretaría de Hacienda apruebe medidas de aplicación inmediata que ayudarían a las empresas y evitarían el riesgo de un freno en las inversiones como sería la deducción inmediata de inversiones y la deducción al 100% de las prestaciones sociales.

 

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