El presidente del IMEF puntualizó que del otro lado están los aspectos que generan incertidumbre
Fernando López Macari, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), saludó la aprobación del Presupuesto Federal de Egresos (PFE) para el próximo año, y destacó que entre lo positivo está la atención al sur-sureste del país, “que tanto requiere de atención para poder detonar su desarrollo”.

Al evaluar el desempeño de Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la XLVII Convención del IMEF, el líder nacional de los ejecutivos de finanzas dijo que ha habido cosas rescatables como la disciplina fiscal, el respeto a la autonomía del Banco de México y buscar mecanismos alternativos contra-cíclicos en busca de sanear la hacienda pública.

En conferencia, apuntó también la corrupción, y señaló que a mediano plazo se requiere fortaleza fiscal y que el gobierno pueda brindar mejores servicios, incluido el de la seguridad, así como llevar un gasto de infraestructura importante para eliminar los “cuellos de botella” y permita dar un impulso a la actividad económica.

“El combate a la pobreza, el tener más atención en esta zona del sur-sureste de la República mexicana que tanto requiere de atención para poder detonar su desarrollo, y con ello contribuir al crecimiento del país y el Producto Interno Bruto (PIB) del país en lo general, y eso creemos que son los aspectos positivos”, comentó.

López Macari puntualizó que del otro lado están los aspectos que han generado incertidumbre y cierta desconfianza en los mercados financieros como podrían haber sido las decisiones polémicas de haber cancelado el aeropuerto y algunas iniciativas jurídicas que parecen debieran revisarse como la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos.

Agregó que otro tema polémico es la llamada Ley Bonilla, que hasta ahora permite a Jaime Bonilla Valdez gobernar Baja California durante cinco años, cuando fue electo para dos, y es que los recursos de impugnación son cada día más, así como equiparar los delitos fiscales con la delincuencia organizada.

“Claramente son eventos que han prolongado la recuperación económica en el país y que han hecho que se dilate mucho más la desaceleración, que ya estimábamos que se iba a dar como primer año de gobierno, y que urge retomar y restablecer la confianza, restablecer la certidumbre basada como un eje principal en el estado de derecho, que se dé ese estado de derecho que tanto estamos buscando.”

Además, el empresario dijo que todo lo anterior debe venir acompañado con el tema de seguridad, no sólo en las inversiones de las personas físicas y morales, sino también la integridad de las personas, así como su integridad y que se garanticen los derechos mínimos como son la salud, la educación, los derechos fundamentales de la población.

La Jornada

En el primer año de la administración de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox se creció menos, aseguró el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
Para 2019 sí esperábamos una desaceleración en la economía mexicana, pero no tan prolongada, señaló el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Fernando López Macari, presidente del IMEF, destacó que la economía se enfrió más de lo previsto, lo que generó un ambiente de desconfianza entre la inversión.
En la inauguración del IMEF Business Summit 2019, explicó que si bien se esperaba un menor crecimiento, porque en el primer año de cada gobierno eso sucede, debido a la curva de aprendizaje que pasan los nuevos funcionarios y la nueva forma de implementar la política pública, la desaceleración fue mayor.

En el primer año de la administración de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox se creció menos, dijo López Macari.
Lo que nunca imaginábamos era amanecer en enero con desabasato de combustible, que se prolongó más de mes y medio, lo que generó un estancamiento en algunas regiones del país. Tampoco esperábamos bloqueos en vías férreas y paros laborales en Matamoros, Tamaulipas”.

Ese cambio de perspectiva, destacó, llevó a ajustar los pronósticos de crecimiento para 2019, de 1.8 por ciento a 0.1 por ciento.
“Vimos que se desaceleró la actividad económica, está desaceleración prolongada generó desconfianza del sector privado, una desconfianza que se ha basado en los principales factores de riesgo como son gobernanza, el manejo de las finanzas públicas y la implementación de las políticas sociales”.
Ese panorama, señaló, llevó a la Inversión Fija Bruta a niveles mínimos.

López Macari aseguró que hay cinco factores que México debe poner en marcha para salir del estancamiento económico en el que está y alcanzar tasas de crecimiento altas y sostenibles.

Destacó que las economías avanzadas crecen a niveles de 2 por ciento, mientras que las emergentes como México, por arriba de 5 por ciento, en promedio.

“¿Por qué Mexico, si es una economía emergente, no crece a niveles de cinco por ciento?”, se cuestionó.

Explicó que para el IMEF hay cinco elementos que son necesarios para alcanzar ese objetivo.

En primer lugar, dijo, el país requiere un marco tributario que incentive a los inversionistas, con la deducción acelerada de sus inversiones y de las prestaciones de previsión social, además de que reconozca a quien reinvierta sus utilidades.
En segundo lugar, aseguró que existe la necesidad de tecnificar la mano de obra mexicana, para que genere mayor valor agregado.

Como tercer punto destacó la necesidad de incorporar tecnologías de información de vanguardia, tanto el sector privado como el público y la academia, que permitan ser más ágiles, más transparentes.

En cuarto lugar mencionó que se requiere combatir la corrupción, una batalla que no sólo sea exigible a los funcionarios públicos, sino que también incluya a los empresarios, quienes -dijo- deben aprender a evaluar cómo prevenir actos ilegales.

En el quinto y último punto mencionó que se requiere un Estado de derecho mínimo garantizado para todo mexicano, principalmente en temas de seguridad.

El Heraldo

Los ejecutivos de finanzas avizoran menor crecimiento en 2019 y 2020 por la falta de estado de derecho, infraestructura adicional a la contemplada por los proyectos presidenciales, así como facilidades y certidumbre para la inversión.

El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Fernando López Macari, “hay una gran área de oportunidad para generar confianza y dar claridad a los cambios que se tendrán en el sexenio y los actores económicos puedan adaptarse a las políticas públicas. Queremos que la falta de reactivación en la inversión no se prolongue más”.

Agregó que las autoridades deben generar condiciones propicias para la inversión y lograr no sólo reactivar los proyectos gubernamentales, sino el lanzamiento de nuevos proyectos viables para elevar la tasa de crecimiento de México lo antes posible. Para este año el IMEF recortó su crecimiento de 0.3 a 0.1 por ciento y para el año entrante de 1.25 a 1.1 por ciento.

López Macari puntualizó que en l primer tercio de la administración se crecerá menos que en las administraciones anteriores al no llegar al promedio. “La perspectiva para el primer y segundo año es que vamos a crecer por debajo del 2 por ciento, creo que va a ser muy difícil lograrlo, al menos los primeros dos años y esperemos que este lapso sirva para sentar las bases para un buen crecimiento en los últimos 4 años que faltan al sexenio”.

Además, las recientes medidas que se han aprobado al equiparar la defraudación fiscal como crimen organizado, legitimar la ampliación del gobernador de Baja California de 2 a 5 años, así como las felicitaciones a presidentes de Argentina y Bolivia con políticas cuestionables “restan credibilidad al gobierno”.

El presidente del comité nacional de estudios económicos, Gabriel Casillas Olvera, agregó que para contrarrestar este bajo nivel de actividad económica en los primeros dos años se debe impulsar el estado de derecho para que se genere una aceleración del ambiente de negocios al tener menores trabas administrativas para la apertura de empresas.

Enfatizó Casillas Olvera que en el resto del sexenio “no se pierde el grado de inversión por el respeto a las finanzas públicas” porque el Presidente ha respetado lo que publicó en su libro antes de llegar a la Presidencia de la República.

El IMEF ajustó a la baja la inflación al pasar de 3.2 a 3.1 por ciento y el tipo de cambio se fortalece al pronosticarlo de 20 pesos a 19.78 pesos por billete verde para final de año.

DNF

Los empresarios, contra sanciones por facturas falsas

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y Notimex).— Después de más de siete horas de debate, el pleno de la Cámara de Diputados avaló ayer, en lo general y en lo particular, la “Ley Antifactureros” y “Antiempresas fantasma”.

El dictamen, que ya fue enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, recibió 276 votos a favor, 144 en contra y 16 abstenciones en lo particular; además, no fue modificado pese a que hubo más de 30 reservas de diputados de oposición.

Este dictamen fue calificado como un “exceso” por juristas e integrantes de la iniciativa privada que pidieron frenarla. En él se establece que se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales (facturas) que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Además, será sancionado con las mismas penas el que, a sabiendas, permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos, en adición a la agravante señalada en el artículo 97 de este Código.

Cabe recordar que este dictamen modificó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al Código Fiscal de la Federación, la Ley de Seguridad Nacional y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Una de las modificaciones más importantes que hizo el Senado de último momento, fue que la defraudación fiscal ameritará prisión preventiva oficiosa únicamente cuando el monto de lo defraudado rebase los 7.8 millones.

Incluso, cuando el valor de los comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, no superen dicho margen, el acusado podrá enfrentar el proceso penal en libertad, y en caso de demostrar su culpabilidad, tendrá una pena de dos años de prisión.

Rechazo
Tras la aprobación, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lamentó que el Poder Legislativo no haya tomado en cuenta las diversas voces de la sociedad que alertaron sobre las consecuencias negativas que tendrá sobre la certidumbre jurídica y la inversión productiva en el país.

Expuso en un comunicado que “lo advirtieron, de manera contundente y sustentada, especialistas, colegios de abogados, contadores públicos, academia y los sectores productivos, y a pesar de ello no se realizaron las modificaciones suficientes” al dictamen para resolver dichos efectos.

“Aunque en la etapa final del proceso, algunos legisladores de distintas fracciones parlamentarias fueron sensibles y promovieron ajustes en este sentido, lamentablemente no transitaron por no lograr los votos suficientes”, puntualizó el CCE.

Las audiencias públicas parlamentarias, señaló el organismo empresarial, no deben ser simples formalidades, ni mucho menos simulación, sino que deben servir para nutrir y enriquecer el trabajo legislativo que impacta a todos los ciudadanos.

El CCE aclaró que apoya firmemente la lucha contra la ilegalidad y la defraudación fiscal, dado que la emisión o compra de facturas con operaciones simuladas es una práctica ilegal, y coincide en que debe aplicarse todo el peso de la ley a quienes incurren en este delito.

Sin embargo, como han advertido durante estas semanas, la falta de precisiones de la iniciativa generará́ un justificado temor en las empresas formales del país, de actos arbitrarios de la autoridad que pongan en peligro su integridad personal y sus bienes.

“Para invertir, las personas y las empresas necesitan certeza y reglas claras que no dejen margen a abusos en la interpretación de la autoridad. Sin inversión, no será factible lograr las metas de crecimiento económico y de recaudación que el país requiere, ni los niveles de bienestar a los que aspiramos como mexicanos”.

Por ahora, el organismo cúpula empresarial hizo un exhortó a las autoridades a implementar la nueva legislación de manera sensible y sensata, sin interpretaciones arbitrarias y con el firme propósito de sancionar a los verdaderos defraudadores, y no a los contribuyentes cumplidos.

“Combatir la ilegalidad y la defraudación es un fin loable que compartimos, pero es indispensable cuidar que en el camino no se violen garantías individuales, ni se dañe el desarrollo económico del país, agregó.

Por su parte, el vicepresidente del comité nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Mario Correa, advirtió: “El problema de esta ley es que le permite a la Secretaría de Hacienda ser juez y parte”.

En conferencia señaló que por eso, el empresariado se siente desprotegido y refirió: “Si eres juez y parte, seguramente no vas a producir buenos resultados”.

La posibilidad de la discrecionalidad es una de las preocupaciones, explicó.

Por su lado, el presidente del IMEF, Fernando López Macari, confiaba en que se harían ajustes en la reglamentación secundaria, pero no fue así.

Manifestó su preocupación porque podría ser que todos los empresarios estarían sujetos a esa persecución con la nueva ley.

Por buena voluntad podrían caer en alguno de los supuestos señalados, ponderó López Macari.

Comentó que ha habido una serie de trabajos para concientizar, tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo, de las acciones y el rango que pudiera tener una empresa sin que necesariamente se pueda tener un grado de supervisión que evite estas prácticas.

Consideró que se debe encontrar el justo medio para legislar sin violentar los derechos humanos.

El presidente de la comisión nacional fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Reginaldo Esquer, anunció que buscarán promover amparos y denuncias ante organismos internacionales de derechos humanos por la decisión del Congreso de la Unión de considerar como delincuencia organizada a la facturación falsa, porque podría afectar a los contribuyentes cumplidos.

Esquer manifestó que como los legisladores no los escucharon acudirán al Poder Judicial.

“Tenemos que confiar que el Poder Judicial sea autónomo e independiente”.

Afirmó que primero interpondrán un amparo como institución y esperarán a que la Suprema Corte de Justicia resuelva y de no lograrse nada entonces acudirán ante organismos de derechos humanos como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En conferencia, el presidente de la Academia Fiscal Mexicana, Arturo Pueblita, dijo que estos cambios podrían frenar las inversiones, la recaudación y el crecimiento económico. Y aseguró que “no existe razón para que a las personas fiscales se les dé el mismo tratamiento que si fueran terroristas, narcotraficantes y esto se tiene que revisar como acciones de inconstitucionalidad”, y de violación a los derechos humanos de las personas.

Maquiladoras En desventaja legal

Advierten que los maquiladores se encuentran sin mecanismos de defensa ante “factureras”:

Advertencia

La nueva legislación para castigar el uso de facturas falsas deja a la industria maquiladora sin defensa fiscal alguna, advirtió el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Aguirre Lang.

Solicitud

Por ello, pidió a los legisladores darles elementos para identificar si hay un proveedor que pueda emitir facturas falsas, “para estar alertas y no acudir con esos proveedores”.

Acciones

El dirigente manifestó que tomarán acciones para asegurarse de que ante una situación fortuita o un error humano no se ponga en riesgo la operación de las empresas.

Diario de Yucatan