Por Fernando Lopez Macari
Durante los últimos cinco años, nuestro país ha presentado un crecimiento económico inercial, no mayor al 3% anual. En 2017, el PIB registró 2% y de acuerdo a las estimaciones del IMEF, este año podría crecer entre 2.2 y 2.5%. Lejos de celebrarlo, consideramos que tenemos potencial para una mayor expansión, capitalizando la riqueza de recursos naturales, el bono demográfico, talento de la fuerza laboral, tratados comerciales, ubicación geográfica, reformas estructurales y una perfectible, pero aceptable infraestructura, entre otras fortalezas.
Si bien crecemos dentro del promedio de los países de la OCDE, aún no alcanzamos el nivel de desarrollo de algunas de esas naciones. Queda mucho por avanzar, pero es posible lograrlo como lo prueban estados (Guanajuato, Querétaro, Yucatán, entre otros) que crecen a niveles superiores a la media nacional.
¿Qué nos impide avanzar con mayor velocidad, de manera homogénea? En la opinión del IMEF, México padece de cinco grandes inhibidores de su desarrollo. Uno de ellos es la necesidad de una reforma fiscal integral. Es sabida la urgencia de cambios que incentiven más inversiones domésticas y foráneas y, de manera importante, que distribuyan la carga tributaria entre más personas, pues a pocos les toca el mayor peso del gasto.
Esto podría lograrse con una medida impopular, pero necesaria: gravar el consumo de alimentos y medicinas, lo cual permite de paso combatir la informalidad. Todos debemos pagar para tener mejor infraestructura y servicios públicos, según nuestras capacidades.
Otra área de oportunidad es la educación. Aunque se ha avanzado con la reforma del sector, sobre todo a nivel primario, falta mejorar en capacitación para satisfacer las demandas del mercado laboral. En un mundo globalizado, uno de los principales factores para asignar inversiones millonarias es la presencia de mano de obra calificada y preparada. Las empresas buscan personal suficiente y competente para poder operar y competir en la esfera mundial. Algo indispensable es crear las condiciones de seguridad para poder desarrollar y retener a nuestros colaboradores cerca de donde se les requiera. Si la mano de obra se va, el capital le seguirá.
El retraso en incorporar tecnologías de vanguardia en las empresas es otro factor que inhibe un mayor crecimiento. Esto se manifiesta en renglones como programación, software, manejo de información y datos, investigación y desarrollo, junto con equipo y maquinaria de alto nivel de tecnificación. Es increíble que existan aún empresas o dependencias del gobierno con prácticas manuales en plena modernidad tecnológica. Conceptos como eficiencia, calidad total, servicio a cliente brillan por su ausencia en un país al que urge una revolución industrial-tecnológica 2.0. Si bien hay un México moderno, hay otro muy atrasado.
La corrupción es un problema denunciado con gran frecuencia, pero que no se ataca con la suficiente voluntad, y tiene implicaciones económicas, políticas y sociales. Más que cultural es un asunto sistémico que tiene harta a la sociedad. Los ciudadanos exigen y demandan a la clase gobernante un combate efectivo a estas prácticas, por ejemplo, transparentando procesos, así como con la creación y puesta en marcha de organismos autónomos de verificación y control. Para que haya corrupción se necesita a dos partes: el que da y el que recibe.
Uno con poder y otro con dinero. Requerimos un acuerdo efectivo entre empresas y gobierno a fin de implementar prácticas para desalentar, prevenir, detectar y poner un castigo a este problema tanto en el ámbito gubernamental como en el empresarial.
Nuestro incipiente Estado de derecho es otro limitante del desarrollo. Falta impulso para tener condiciones de seguridad necesarias para recibir más inversiones, sobre todo en ciertas zonas. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de personas y empresas. La clase gobernante, incluyendo al poder judicial, tienen una deuda pendiente con los mexicanos en este renglón desde hace años. Tenemos derecho a vivir y trabajar en paz. Es inconcebible que haya juicios que duren hasta 15 años, que se encarcele a inocentes, que el grado de impunidad en delitos alcance niveles alarmantes. No debe sorprendernos que los capitales se inviertan en naciones donde se apliquen las leyes y se imparta imparcial justicia.
Dicen que admitir un problema es un 50% de la solución. Pero no basta con reconocer la presencia de estos factores limitantes. Es momento de ir por el otro 50% de manera definitiva. Vayamos más allá, en una responsabilidad compartida entre ciudadanos y gobernantes, a quienes elegimos y debemos exigir que hagan su trabajo. Sin dejar de valorar lo mucho que tiene México hoy, ataquemos estos rezagos. Sin dejar de trabajar, seamos críticos y actuemos.