Avalan polémica ley

Los empresarios, contra sanciones por facturas falsas

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y Notimex).— Después de más de siete horas de debate, el pleno de la Cámara de Diputados avaló ayer, en lo general y en lo particular, la “Ley Antifactureros” y “Antiempresas fantasma”.

El dictamen, que ya fue enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, recibió 276 votos a favor, 144 en contra y 16 abstenciones en lo particular; además, no fue modificado pese a que hubo más de 30 reservas de diputados de oposición.

Este dictamen fue calificado como un “exceso” por juristas e integrantes de la iniciativa privada que pidieron frenarla. En él se establece que se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales (facturas) que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Además, será sancionado con las mismas penas el que, a sabiendas, permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos, en adición a la agravante señalada en el artículo 97 de este Código.

Cabe recordar que este dictamen modificó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al Código Fiscal de la Federación, la Ley de Seguridad Nacional y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Una de las modificaciones más importantes que hizo el Senado de último momento, fue que la defraudación fiscal ameritará prisión preventiva oficiosa únicamente cuando el monto de lo defraudado rebase los 7.8 millones.

Incluso, cuando el valor de los comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, no superen dicho margen, el acusado podrá enfrentar el proceso penal en libertad, y en caso de demostrar su culpabilidad, tendrá una pena de dos años de prisión.

Rechazo
Tras la aprobación, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lamentó que el Poder Legislativo no haya tomado en cuenta las diversas voces de la sociedad que alertaron sobre las consecuencias negativas que tendrá sobre la certidumbre jurídica y la inversión productiva en el país.

Expuso en un comunicado que “lo advirtieron, de manera contundente y sustentada, especialistas, colegios de abogados, contadores públicos, academia y los sectores productivos, y a pesar de ello no se realizaron las modificaciones suficientes” al dictamen para resolver dichos efectos.

“Aunque en la etapa final del proceso, algunos legisladores de distintas fracciones parlamentarias fueron sensibles y promovieron ajustes en este sentido, lamentablemente no transitaron por no lograr los votos suficientes”, puntualizó el CCE.

Las audiencias públicas parlamentarias, señaló el organismo empresarial, no deben ser simples formalidades, ni mucho menos simulación, sino que deben servir para nutrir y enriquecer el trabajo legislativo que impacta a todos los ciudadanos.

El CCE aclaró que apoya firmemente la lucha contra la ilegalidad y la defraudación fiscal, dado que la emisión o compra de facturas con operaciones simuladas es una práctica ilegal, y coincide en que debe aplicarse todo el peso de la ley a quienes incurren en este delito.

Sin embargo, como han advertido durante estas semanas, la falta de precisiones de la iniciativa generará́ un justificado temor en las empresas formales del país, de actos arbitrarios de la autoridad que pongan en peligro su integridad personal y sus bienes.

“Para invertir, las personas y las empresas necesitan certeza y reglas claras que no dejen margen a abusos en la interpretación de la autoridad. Sin inversión, no será factible lograr las metas de crecimiento económico y de recaudación que el país requiere, ni los niveles de bienestar a los que aspiramos como mexicanos”.

Por ahora, el organismo cúpula empresarial hizo un exhortó a las autoridades a implementar la nueva legislación de manera sensible y sensata, sin interpretaciones arbitrarias y con el firme propósito de sancionar a los verdaderos defraudadores, y no a los contribuyentes cumplidos.

“Combatir la ilegalidad y la defraudación es un fin loable que compartimos, pero es indispensable cuidar que en el camino no se violen garantías individuales, ni se dañe el desarrollo económico del país, agregó.

Por su parte, el vicepresidente del comité nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Mario Correa, advirtió: “El problema de esta ley es que le permite a la Secretaría de Hacienda ser juez y parte”.

En conferencia señaló que por eso, el empresariado se siente desprotegido y refirió: “Si eres juez y parte, seguramente no vas a producir buenos resultados”.

La posibilidad de la discrecionalidad es una de las preocupaciones, explicó.

Por su lado, el presidente del IMEF, Fernando López Macari, confiaba en que se harían ajustes en la reglamentación secundaria, pero no fue así.

Manifestó su preocupación porque podría ser que todos los empresarios estarían sujetos a esa persecución con la nueva ley.

Por buena voluntad podrían caer en alguno de los supuestos señalados, ponderó López Macari.

Comentó que ha habido una serie de trabajos para concientizar, tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo, de las acciones y el rango que pudiera tener una empresa sin que necesariamente se pueda tener un grado de supervisión que evite estas prácticas.

Consideró que se debe encontrar el justo medio para legislar sin violentar los derechos humanos.

El presidente de la comisión nacional fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Reginaldo Esquer, anunció que buscarán promover amparos y denuncias ante organismos internacionales de derechos humanos por la decisión del Congreso de la Unión de considerar como delincuencia organizada a la facturación falsa, porque podría afectar a los contribuyentes cumplidos.

Esquer manifestó que como los legisladores no los escucharon acudirán al Poder Judicial.

“Tenemos que confiar que el Poder Judicial sea autónomo e independiente”.

Afirmó que primero interpondrán un amparo como institución y esperarán a que la Suprema Corte de Justicia resuelva y de no lograrse nada entonces acudirán ante organismos de derechos humanos como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En conferencia, el presidente de la Academia Fiscal Mexicana, Arturo Pueblita, dijo que estos cambios podrían frenar las inversiones, la recaudación y el crecimiento económico. Y aseguró que “no existe razón para que a las personas fiscales se les dé el mismo tratamiento que si fueran terroristas, narcotraficantes y esto se tiene que revisar como acciones de inconstitucionalidad”, y de violación a los derechos humanos de las personas.

Maquiladoras En desventaja legal

Advierten que los maquiladores se encuentran sin mecanismos de defensa ante “factureras”:

Advertencia

La nueva legislación para castigar el uso de facturas falsas deja a la industria maquiladora sin defensa fiscal alguna, advirtió el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Aguirre Lang.

Solicitud

Por ello, pidió a los legisladores darles elementos para identificar si hay un proveedor que pueda emitir facturas falsas, “para estar alertas y no acudir con esos proveedores”.

Acciones

El dirigente manifestó que tomarán acciones para asegurarse de que ante una situación fortuita o un error humano no se ponga en riesgo la operación de las empresas.

Diario de Yucatan